Cuando hablamos de Responsabilidad Extendida del Productor nos referimos al principio político para promover la reducción del impacto ambiental de productos durante el ciclo de vida extendiendo las responsabilidades del fabricante hacia varias etapas del ciclo de vida del mismo, en especial hacia la retoma, el reciclaje y la disposición final. Podría resumirse en la implementación política a través de una combinación de instrumentos políticos administrativos, económicos e informativos.
Según la OCDE “es un enfoque de política ambiental en el cual la responsabilidad del productor por un producto se extiende hasta el fin del ciclo de vida del producto. Se caracteriza por la transferencia de responsabilidad (física y/o económica, completa o parcial) hacia el productor y el suministro de incentivos a los productores para que tengan en cuenta consideraciones ambientales desde la etapa del diseño del producto” (Convenio de Basilea, 1989).
Las políticas institucionales sobre la responsabilidad extendida hacen del medio ambiente una prioridad por encima de los productos y servicios, obligando a las empresas a pensar en lo que ocurre en sus instalaciones. Esto conlleva al productor a un análisis de lo que sus actividades implican hacia arriba y hacia abajo de la cadena productiva y en las acciones correctivas para mitigar los impactos.
Las reglamentaciones de este tratado son también fuentes de oportunidad para que las empresas replanteen sus negocios, pues abren las puertas para crear un plus a los clientes a través de la oferta de servicios postventa y de disposición de productos.
Según la OCDE “es un enfoque de política ambiental en el cual la responsabilidad del productor por un producto se extiende hasta el fin del ciclo de vida del producto. Se caracteriza por la transferencia de responsabilidad (física y/o económica, completa o parcial) hacia el productor y el suministro de incentivos a los productores para que tengan en cuenta consideraciones ambientales desde la etapa del diseño del producto” (Convenio de Basilea, 1989).
Las políticas institucionales sobre la responsabilidad extendida hacen del medio ambiente una prioridad por encima de los productos y servicios, obligando a las empresas a pensar en lo que ocurre en sus instalaciones. Esto conlleva al productor a un análisis de lo que sus actividades implican hacia arriba y hacia abajo de la cadena productiva y en las acciones correctivas para mitigar los impactos.
Las reglamentaciones de este tratado son también fuentes de oportunidad para que las empresas replanteen sus negocios, pues abren las puertas para crear un plus a los clientes a través de la oferta de servicios postventa y de disposición de productos.
“Texto tomado de (http://www.upme.gov.co/guia_ambiental/basilea/CONVENIO/Texto%20Convenio%20de%20Basilea.pdf)”.
“Imagen tomada de (www.tranism.com)”.
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